Lima: suspenden por 20 meses a fiscal superior investigado por presunto pedido de coima
Nota Informativa
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
10 de setiembre de 2020 - 10:33 a. m.
La
Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima consiguió que se declare fundado el pedido de 20
meses de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, al hoy fiscal
superior titular Wilfredo Rogelio Evangelista Rojas, acusado de
solicitar una presunta coima de US$3000 a cambio de asegurar un
resultado favorable en la queja de derecho presentada por un procesado.
El requerimiento formulado por la fiscal superior, Milagros Mora
Balarezo, y sustentado en audiencia por el fiscal adjunto superior, Juan
Manuel Fernández, se dio dentro del del proceso penal por los delitos
de tráfico de influencias agravado (imputación principal) y cohecho
pasivo propio (imputación alternativa), que el magistrado habría
cometido en el 2015, cuando se desempeñaba como fiscal adjunto superior
provisional de la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima.
De acuerdo a la resolución judicial, la medida solicitada por la
Fiscalía Superior Anticorrupción, se fundamenta en los elementos de
convicción contenidos en la acusación fiscal y con el fin de evitar el
peligro de reiteración delictiva.
“…su solo desempeño del cargo, implicaría – dado el contexto y etapa
del presente proceso penal – un serio cuestionamiento al principio de
objetividad con la que debe actuarse en el Ministerio Público, tanto más
si consideramos que en la actualidad, la Junta Nacional de Justicia le
ha impuesto la medida de destitución en el cargo (el cual aún no se
encuentra firme)”, señala la resolución emitida por la Tercera Sala
Penal de Apelaciones.
La acusación contra Evangelista Rojas le atribuye haber solicitado a
la abogada de un procesado la suma de US$3000, reducida luego a US$2500,
con el fin de asegurarle un resultado favorable en la queja de derecho
que se encontraba pendiente de ser resuelta en el Despacho Fiscal donde
él laboraba. El dinero no habría sido entregado pese a las llamadas
telefónicas efectuadas por el magistrado a la letrada.
Por este hecho, cuyo proceso ya se encuentra expedito para pasar a
juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el imputado
sea condenado a 5 años de pena privativa de la libertad por el delito de
tráfico de influencias y/o a 6 años y 4 meses por el delito de cohecho
pasivo propio.
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